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Continuidades y discontinuidades de política educativa: del INIFED a La Escuela es Nuestra (2 de 3)



Proyecto de políticas y reformas educativas

Universidad Iberoamericana Ciudad de México

María Mercedes Ruiz Muñoz

Alejandra Luna Guzmán


El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.


Esta entrega recupera la línea de continuidades y discontinuidades en materia de política educativa, y pone especial atención en la derogación de la Ley General de Infraestructura Física y Educativa (LGIFE). Ésta fue promulgada el 1 de febrero de 2008 en la administración de Felipe Calderón y se deroga con la publicación del Decreto de Reforma del 15 de mayo de 2019 con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tras esta reforma, el 3 de octubre de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos de Operación del Programa La Escuela es Nuestra. Este programa reconfigura los medios de distribución de los recursos financieros para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de las escuelas, privilegiando a las de mayor índice de marginalidad.


Resulta vital comprender el momento histórico en que se da cada una de estas reconfiguraciones.


Es de llamar la atención que en 1944 surge la ley que crea el Comité Administrativo del Programa Federal de la Construcción de Escuelas Públicas, el cual, en su momento, fue vital para la construcción de las escuelas en el país. Durante este mismo periodo, Jaime Torres Bodet impulsa la unidad magisterial a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dada la radicalización que existía entre los sindicatos.

En 2008, con la alternancia partidista de Acción Nacional, se derogó la ley de 1944 y se da paso a la LGIFE en un contexto de alto dominio del SNTE en materia de política educativa. Otro momento de quiebre es la alternancia del Movimiento de Regeneración Nacional, que otorga especial atención y apoyo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.


En esta misma línea, la Reforma Educativa 2013 se apoyó del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed) para la puesta en marcha de su programa la Escuela al Centro que, a su vez, administró el sistema Escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura Educativa Nacional). Este sistema, previsto para la educación obligatoria, se aplicó también a universidades públicas. En el periodo de operación entre 2015 y 2019, se benefició a 24 186 escuelas primarias, con un monto promedio de 1 091 656 pesos, mientras que en educación superior se benefició a 798 centros con un monto promedio de 11 309 357 pesos. Cabe recordar que, entre éstos, se documentó el manejo indebido de recursos, mediante la llamada Estafa Maestra. ¿Realmente sorprende el quiebre de este organismo?


Ante este panorama, ¿qué esperar de La Escuela es Nuestra? ¿Qué sentidos se quieren construir en torno a La Escuela es Nuestra? ¿Qué significa que sea Nuestra?

En su primera etapa, se identifica a 23 096 escuelas beneficiadas en 31 entidades de la República Mexicana con un monto máximo de 500 mil pesos; entre ellas destacan 5 608 en Chiapas; 4 150 en Oaxaca; 3 109 en Veracruz, y 2 913 en Guerrero que, en conjunto, concentran 68.32% del total (SEP, 2019, s. p.). La Ciudad de México no tiene ninguna escuela beneficiada. Tiene un presupuesto asignado, para 2020 de 7 280,250 000 pesos.

La administración de los recursos en nivel básico pasa al Comité Escolar de Administración Participativa (electos en Asambleas Escolares), que cuenta con mecanismos de rendición de cuentas. La presidencia y el cargo de tesorera deben ser ejercidos por padres, madres o tutores. El secretario puede ser el director, algún docente u otro padre de familia. Los gastos se comprueban mediante Esquema de Comprobación Simplificada y se rinden cuentas periódicamente a la comunidad tanto escolar como local.


La SEP promoverá la participación de los gobiernos estatales para que efectúen una aportación similar a la del gobierno federal; a fin de otorgar los recursos, en caso de que éstos no participen, la federación otorgará hasta 50% del monto máximo establecido. La asignación se priorizará de acuerdo con su nivel de marginación.


Hasta el momento, el perfil de las escuelas beneficiadas es congruente con la narrativa presente desde el Plan Nacional de Desarrollo hasta la Ley General de Educación. La infraestructura y la construcción de escuelas dignas son centrales para el cumplimiento del derecho a la educación.


Con base en la experiencia, habrá que estar vigilantes en cuanto a la rendición de cuentas del uso de los recursos asignados.


Referencias


SEP (2019). Escuelas Participantes. La Escuela es Nuestra. México: SEP. Recuperado de https://sep.gob.mx/dgticDatos/LEEN/listado.html