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El derecho a la ciencia, su exigibilidad social y jurídica: posturas en juego (2/3)






María Mercedes Ruiz Muñoz

Arcelia Martínez Bordón

Alejandra Luna Guzmán


Universidad Iberoamericana Ciudad de MéxicoFaro Educativo y Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia


El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.


En este segundo comunicado se pone especial atención a los principales posicionamientos y a los antagonismos de diversos actores que inciden en la política de Ciencia y Tecnología, entre ellos, el propio organismo al frente, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), así como los académicos y especialistas de instituciones de educación superior y de los centros de investigación públicos y privados.1Como ya señalamos en un primer comunicado, las políticas de austeridad, que incluyeron la reducción en los salarios, el corte a los seguros de gastos médicos y de viáticos, fueron las primeras acciones anunciadas por el gobierno en curso, ante las cuales reaccionaron los centros de investigación y sus miembros, quienes, en diversas expresiones de exigibilidad, interpusieron amparos ante las leyes de austeridad (Molina, 2020). Cabe decir, que hasta el momento la Suprema Corte de Justicia ha rechazado detener el decreto de austeridad (Reyes, 2020).Una segunda acción del gobierno fue la intención de cancelar el FCCyT en los comunicados 48 y 51 de Conacyt, en los cuales se plantea suspender el financiamiento de la instancia concebida legalmente como un organismo autónomo de Conacyt, cuya operación depende de sus recursos.


En otro ejemplo de exigibilidad, en julio de 2019 los miembros del FCCyT interpusieron una demanda para que no procediera lo dispuesto en estos comunicados, la que ganaron (Granados, 2020). Sin embargo, a la fecha, no se ha otorgado ningún apoyo para garantizar la operación del Fondo, como lo establece la ley, razón que llevó a la renuncia de su coordinadora, la Dra. Julia Tagüeña, el pasado 6 de julio (Por falta de recursos, 2020). Una tercera acción del gobierno ha sido la suspensión en la erogación de los recursos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a algunos integrantes de centros y universidades privados (Canales, 2020a y 2020b), lo que generó una fuerte preocupación del gremio de investigadores del SNI, dado que estos recursos se otorgan al investigador y no a la institución, quien vive en la misma situación que cualquier investigador en instituciones y centros de investigación públicos.


Las tres acciones señaladas marcan una línea de acción del gobierno que, como ya se comentó, ha puesto en alerta a académicos e investigadores en defensa del derecho a la ciencia y del gozo de sus beneficios, por lo que algunas de las mediaciones en el sector han forzado al Conacyt a redefinir su papel, tal como se muestra en el programa de este sector, al igual que en los Foros de Consulta, para discutir la nueva Ley de Ciencia, Tecnología y Humanidades, la que se espera sea publicada antes de que finalice el año. Entre las voces que vale la pena recuperar, se encuentra la de la propia directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, con su posicionamiento contra la que denomina ciencia neoliberal, tratando de deslindarse de las políticas anteriores del Conacyt que, ella señala, privilegiaron el uso de los recursos a la iniciativa privada, aludiendo que los recursos de este organismo deben estar al servicio de los grandes problemas nacionales y en pro del “bien público y el cuidado de los bienes comunes con una perspectiva de cuidado ambiental” (Conacyt, 2020). En un tercer comunicado se revisarán algunas de las estrategias a futuro que perfila el Conacyt para dar respuesta a estas necesidades, como los son los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) y los Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia (Pronaii). Cabe destacar que, tras la declaración pública de Álvarez-Buylla al respecto, se pueden identificar al menos 200 notas periodísticas que recuperan las voces de doctos y no tan doctos en el tema, que van desde la abierta descalificación, pasando por posturas fuertemente ideologizadas en pro y en contra, hasta consideraciones muy serias que analizan lo que habría de cierto en tales declaraciones.


Lo que es un hecho, es que, en la definición de las políticas públicas, los antagonismos son parte del juego en la propia arena pública, por lo que la pendiente Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología y sus ramificaciones a priori y a posteriori no se pueden considerar exentas de ello.A los estudiosos de la educación nos toca contribuir al debate y plantear más interrogantes. Por ejemplo, si el Plan Nacional de Desarrollo y el programa de Conacyt se inscriben en el marco de los derechos humanos, ¿cuál debería ser el rumbo de la política científica y tecnológica y de innovación ahora ya con la agregación de las humanidades?


Otra pregunta que requiere respuesta es ¿hasta dónde las políticas de austeridad están cumpliendo su objetivo de reorientar los recursos a quienes más lo necesitan, pero en menoscabo del desarrollo científico y tecnológico que tendría las respuestas para resolver esos problemas? Sin duda, hay que discutir sobre la tensión en la ponderación de derechos que ha hecho este gobierno.


Referencias


Canales, A. (2020a, 30 de enero). SNI: ¿vuelco entre lo público y lo privado? Campus Milenio. Recuperado de http://www.campusmilenio.mx/notasd/835canales.html

Canales, A. (2020b, 15 de junio). El itinerario de elaboración de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación: expectativas, tensiones y puntos críticos. Faro Educativo, Apunte de política N°16. Ciudad de México: INIDE-UIA. Recuperado de https://faroeducativo.ibero.mx/wp-content/uploads/2020/06/Apuntes-de-politica-16b.pdf

Conacyt (2020). Organización y funcionamiento de los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) del Conacyt. México: Gobierno de México, Conacyt. Recuperado de http://conacyt.gob.mx/index.php/que-son-los-pronaces

Granados, A. (2020, 9 de enero). Juez ordena a Conacyt entregar recursos económicos al Foro Consultivo. 24 Horas. El Diario sin Límites. Recuperado de https://www.24-horas.mx/2020/01/09/juez-ordena-a-conacyt-entregar-recursos-economicos-al-foro-consultivo/Medina, S. (2014, 13 de noviembre). Las universidades, reserva moral de la sociedad: David Fernández Dávalos. Campus Milenio. Recuperado de http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=2251:las-universidades-reserva-moral-de-la-sociedad-david-fernandez-davalos&Itemid=345

1 En el entendido que las instituciones con financiamiento privado también son actores sociales que orientan sus actividades académicas y de investigación desde un espacio público y que a su vez deben detonar e impulsar un desarrollo con equidad, con justicia y con inclusión (Medina, 2014).

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