• CEA - MOPE

La desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo. ¿Y la evidencia importa?

María Mercedes Ruiz Muñoz

Arcelia Martínez Bordón

Alejandra Luna Guzmán

Seminario de Política Educativa Faro-ODEJ


Departamento de Educación Universidad Iberoamericana Ciudad de México

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales en relación con la agenda educativa vigente.





El pasado 29 de abril, en el marco del Seminario de Política Educativa Faro-ODEJ, se discutió acerca de los alcances y retos del Programa Escuelas de Tiempo Completo, sobre los riesgos de su desaparición y la propuesta de que se incluya en el Programa la Escuela es Nuestra (PLEEN). En el seminario participaron Alma Maldonado, investigadora del DIE-Cinvestav, César Velázquez, profesor-investigador del Departamento de Economía de la Ibero Ciudad de México, y Fausto Sandoval, profesor indígena rural cuya escuela, en Oaxaca, fue beneficiaria del programa.

Los tres coincidieron en que las bondades de las Escuelas de Tiempo Completo están en vilo ante su posible desaparición. Se trata de un programa público que formalmente inició en el ciclo escolar 2007-2008 y que beneficiaba a niñas, niños y adolescentes, y permitía a las madres y padres realizar sus labores con la tranquilidad de que sus hijas e hijos se encontraban en un espacio seguro. Por su parte, el personal directivo, docente y de servicios se veía beneficiado con un apoyo económico adicional a su salario base, como un incentivo por la extensión de la jornada escolar.

Uno de los problemas que plantearon los ponentes es que estos apoyos económicos serán recibidos ahora directamente a través del Comité de Administración Participativa (CAP), que gestionan los padres y madres de familia. De acuerdo con los panelistas, esta situación conlleva a conflictos de interés y a manejos poco transparentes de los recursos que se destinarán tanto a los docentes como al programa en sí mismo.

Aunque el presupuesto del programa ya había sufrido recortes importantes con anterioridad, en su momento, el entonces secretario de educación, Esteban Moctezuma, defendía su existencia en tanto 70% de las ETC estaban ubicadas en poblaciones en situación de alta vulnerabilidad y las distintas evaluaciones al programa arrojaban resultados importantes en materia de inclusión y equidad (https://www.eluniversal.com.mx/nacion/escuelas-de-tiempo-completo-se-salvan-de-desaparecer-sep). A este respecto, César Velázquez señaló que, de acuerdo a las evaluaciones del PETC, los beneficios de éste fueron evidentes incluso en el logro de aprendizajes, dado el reforzamiento que se hacía de los cursos básicos, además de actividades físicas y recreativas.

Como es de conocimiento público, la desigualdad y las brechas tecnológicas se incrementaron a raíz de la pandemia, que agudizó aún más las inequidades educativas preexistentes. El cierre de estas escuelas es un golpe más a la precariedad que prevalece en muchas comunidades educativas. Sobre esto último, Alma Maldonado señaló la ausencia de un diagnóstico y de una evaluación que ofrezca evidencias sobre la situación actual de las escuelas y que, por tanto, respalde de alguna manera la decisión de terminar con el PETC. Además cuestionó que la actual secretaria de Educación, Delfina Gómez, en comparecencia ante las Cámaras, no ofreció ninguna respuesta certera al respecto, más allá de mencionar que se incorporarán al PLEEN.

En el seminario se señaló que el programa también se reconocía por ser un espacio colaborativo entre familia, escuela y comunidad. En muchas de ellas, los alimentos eran preparados por madres organizadas con la participación de algunos docentes. Se ofrecía de esta manera un espacio no sólo de alimentación, sino de convivencia comunitaria esencial para fortalecer el tejido social en comunidades muchas veces circunscritas en contextos de violencia. Al respecto, el profesor Fausto Sandoval compartió su experiencia en un recuento detallado que dejó claros varios de estos beneficios y expresó su preocupación ante la falta de apoyo técnico que el PLEEN ha significado en las obras de infraestructura, lo cual le hace temer un abandono equivalente en lo pedagógico. Asimismo, señaló que las escuelas indígenas, ya en circunstancias difíciles, se verán todavía más comprometidas ante la falta de mecanismos claros de implementación para que el PLEEN absorba los mecanismos y estrategias que antes correspondían al PETC.

La desaparición de este programa –y su aún incierta inclusión en el PLEEN– evidencia una falta de visión del gobierno actual más allá de sus propias prioridades. Con las banderas de la anticorrupción y de la austeridad republicana, se busca justificar el cierre de este programa, alegando que los recursos se van a entregar mediante el Programa la Escuela es Nuestra, que para 2022 tuvo un aumento presupuestal de 9.6%. Sobre esto último, los tres panelistas expresaron que, si bien dicho aumento es considerable, el PLEEN tiene como principal objetivo el mejoramiento en términos de infraestructura, y esta disposición pondrá en aprietos a las comunidades educativas que ahora tendrán que tomar la decisión –a través de sus CEAP– de atender esas necesidades o continuar con las actividades y estrategias de las Escuelas de Tiempo Completo. Por lo pronto, y ante la incertidumbre de su desaparición, algunas autoridades de distintas entidades han señalado que darán continuidad a este programa con sus propios recursos, como Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Guerrero, Puebla, San Luis Potosí, entre otras.

Si bien este 2022 la asignación presupuestal para educación tuvo un aumento de 1.9% en relación con el de 2021, éste representa apenas 3.1% del PIB, lo cual dista mucho de lo estipulado por la LGE, de asignar mínimo un 8% (DOF, 2019). Desde la perspectiva del derecho a la educación y de la mano de los distintos acuerdos internacionales signados por México, la garantía de este derecho bisagra debe ir acompañada de la garantía de otros derechos, como el derecho a la alimentación, a un espacio seguro y a un óptimo desarrollo social, privilegiando en todo momento el bien superior de niñas, niños y adolescentes. La garantía de estos derechos es, sí o sí, responsabilidad del Estado y la ciudadanía debe exigir su cumplimiento.

El gobierno actual ha ido aniquilando programas que no van con su línea prioritaria, como es el otorgamiento de becas y de transferencias directas a beneficiarios, sin importar que la escuela sea asequible, accesible, aceptable y adaptable, que cuente con la infraestructura necesaria y con las condiciones para contribuir a la permanencia de los estudiantes en la escuela y al logro de trayectorias escolares exitosas.

Si bien se reconoce que es importante que los recursos lleguen a donde deben llegar –una acusación que se ha hecho al programa ETC es que éste no llegaba a las comunidades más pobres– y que las comunidades escolares sean autogestivas –se entiende que las familias forman parte de las comunidades y que deben de trabajar de la mano con los docentes–, es claro que se confunden la gimnasia con la magnesia: las escuelas necesitan apoyos en infraestructura, sí, pero también apoyos para gestionar lo pedagógico, la alimentación y lo que la misma escuela –en acompañamiento con las madres y padres de familia– decida que se necesita.

Como se discutió ampliamente en el Seminario del Faro-ODEJ, la decisión de asignar más transferencias a las familias, y no a la operación de la escuela y a lo pedagógico tiene, a todas luces, el carácter de una política clientelar. Por ello, en esta coyuntura es importante preguntamos, ¿qué lugar ocupa la educación en las prioridades de este gobierno? ¿Cómo justificar el cierre de un programa que ha demostrado cerrar las brechas de aprendizaje entre distintos grupos de niñas, niños y adolescentes? ¿Y la evidencia importa?


20 visualizaciones0 comentarios