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La educación rural en Venezuela: propuestas de mejora




María Teresa Sánchez Reyes

Universidad Católica Andrés Bello, Sede Guayana, Venezuela


El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.


La educación representa una vía de desarrollo social para los pueblos. Sea formal o informal, ha encarnado el medio para fortalecer las sociedades. Incluso, en muchos casos, se ha convertido en un reducto para defender los Derechos Humanos y no ser sometidos por quienes ostentan el poder.


La educación es un derecho fundamental que apoya y da sustento al desarrollo social de la sociedad: cuanto más preparada esté la ciudadanía, mayor será la posibilidad de aportar a su entorno, de estar fortalecido como colectividad, de inventar, de ser inclusivos e incluidos, de generar equidad, de potenciar su libertad. En caso contrario, será difícil que los integrantes del colectivo se sientan con la fortaleza de proponer, con libertad opinar, construir o crear.


Podemos tener los mejores marcos legales educativos, pero si estos no están acompañados de acciones contundentes, coherentes y pertinentes al entorno para el que fue ideado, serán letra muerta y sin sentido. En consecuencia, no se logrará ni equidad ni calidad en la educación; no aportará a la movilidad social; no se alcanzarán desarrollos tecnológicos; la historia no será preservada analíticamente, sino de forma repetitiva. En definitiva, el ser humano en su individualidad y su colectividad tendrá escasas oportunidades para ser libres.


En ese orden de ideas, la Educación Rural en Venezuela (ERV) está en peor situación que el resto del sistema educativo del país por muchas razones. La ERV, a partir de la Ley Orgánica de Educación promulgada un 15 de agosto de 2009, deja de ser considerada como un tipo de educación específica, particular, con requerimientos propios al sector y respondiendo a las necesidades particulares de cada región, para pasar a ser una modalidad dentro del sistema educativo, supeditada a los niveles de preescolar, primaria y secundaria. El marco curricular responde a los lineamientos del currículo general del país y se deja de lado lo distintivo de este sector.


A esto se suman las complicaciones socioeconómicas que se viven en la actualidad en Venezuela: muchos de los docentes, tanto del área urbana como de la rural, han emigrado a otros trabajos u ocupaciones, como la minería en el Sur del país; abandonan sus salones de clase ya que el salario que, siempre ha sido insuficiente, es ahora más precario para cubrir las necesidades de la cesta básica, sumadas a los costos de medicinas, transporte, y otros insumos primordiales de la cotidianidad de un ser humano, la Salud Pública no garantiza atención por falta de insumos médicos. Un círculo vicioso al que responde el docente como parte de la sociedad, con lo que deja de lado su vocación de maestro y pasa a “resolver como sea posible”.


Por otro lado, desde 2011 no se puede acceder a datos estadísticos oficiales fehacientes, y no es fácil conocer cuántos maestros han abandonado realmente sus aulas, mucho menos cuántos niños están desatendidos e incluso hayan abandonado la escuela por no contar con un maestro ¿Cómo desarrollar, entonces, un plan estratégico para el sector rural?


Luis Bravo Jáuregui, quien dirige un Observatorio de Educación, calcula que la cantidad de docentes que han emigrado de la Educación Pública asciende a 48 mil de todo el sistema, lo que se traduce en 12% del total de los maestros (apoyado con estadísticas de Asociación de Educación Privada), aun cuando otros investigadores estiman esta merma entre 20 y 30%.


Diferente panorama reflejan los maestros de Fe y Alegría (organización de Educación Popular, Obra social de la Compañía de Jesús iniciada en el año 1954) que todavía se mantienen en mayor porcentaje en sus aulas, son acompañados por sus directivos y éstos realizan seguimientos puntuales en los espacios educativos e, incluso, tramitan con organizaciones como UNICEF proyectos dirigidos a solventar la capacitación docente e incluso la desnutrición en los casos que han sido detectados en estudios.

La clave fundamental de una educación rural de calidad es generar políticas públicas acordes con las necesidades particulares de este importante sector del país, lo cual pasa por un Proyecto Educativo diseñado, en primer lugar, con la consulta y el involucramiento del equipo de maestros a la elaboración del plan de acuerdo con su conocimiento. Entre otros, sugiero los siguientes componentes de tal Proyecto Educativo:


Ingreso y permanencia docentes:


a) Ingreso por méritos y oposición de los docentes. Privilegiar a los que viven en las comunidades cercanas.

b) Escalafón docente de acuerdo con sus méritos. Diseñar una política de beneficios salariales de acuerdo con su formación, actividades realizadas en el ambiente educativo, propuestas de transformación social en el entorno donde desarrollan sus actividades.


Formación y Actualización docente



Recursos para el aprendizaje



Infraestructura Escolar



Integración Escuela y Comunidad



Supervisión educativa


Presupuesto educativo



Condiciones socioeconómicas


c) Evitar el excesivo centralismo involucrando a los docentes y directivos en el diseño de programas y proyectos dirigidos al área rural.


En definitiva, la educación rural será de calidad en la medida que el Estado venezolano vea en ella la importancia que tiene; respete y valore auténticamente el trabajo docente y fortalezca la escuela como una institución comunitaria líder para el desarrollo de la comunidad. En esa misma medida, se podrá garantizar una mayor permanencia de la población en sus comunidades y el desarrollo de pertenencia afectiva que, en consecuencia, impactará en el impulso de la economía del sector agrícola, ganadero y pesquero.