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Prioridades de política educativa de la 4T: ¿cómo vamos a medio camino de la administración de AMLO?




María Mercedes Ruiz Muñoz

Arcelia Martínez Bordón

Alejandra Luna Guzmán

Seminario de Política Educativa Faro-ODEJ

Departamento de Educación Universidad Iberoamericana Ciudad de México


El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.



En el marco del séptimo Seminario de Política Educativa Faro-ODEJ, el pasado 20 de mayo tuvo lugar una mesa de diálogo en la que se discutieron las prioridades de la política educativa de la actual administración, autodenominada 4T. En el seminario estuvieron presentes Emilio Blanco, investigador del Colegio de México, Jimena Hernández, académica del INIDE de la Ibero CDMX, y Arcelia Martínez, investigadora del Departamento de Educación de la Ibero CDMX. La moderación estuvo a cargo de Mercedes Ruiz, también investigadora del Departamento de Educación de la Ibero CDMX.


El interés de este seminario se centró en el planteamiento de la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, a partir de su presentación en la conferencia Matutina del 26 de abril del presente año, en la que habló de los cuatro ejes de la política educativa: i) brindar mejores condiciones laborales al magisterio; ii) la implementación de programas y contenidos temáticos; iii) la dotación de becas para estudiantes, y, iv) la mejora de la infraestructura de los centros educativos con el programa La Escuela es Nuestra (https://www.youtube.com/watch?v=oHV0ybTDHU4).

Ante esta perspectiva, Emilio Blanco señaló que no hay agenda educativa en México más allá de la del presidente, que se configuró a partir del fracaso rotundo de la Reforma Educativa 2013, en conjunto con una desconfianza patente hacia las instituciones. Para Blanco, estos cuatro ejes no representan en realidad una política educativa que atienda los graves problemas en la educación, vinculados con los aprendizajes, las desigualdades y las brechas tecnológicas, y más bien persiste una tendencia a la desaparición, modificación o reducción de programas e instituciones, como es el caso de las Escuelas de Tiempo Completo que, de acuerdo con lo que reportan las investigaciones, resultaban bien evaluadas. Las acciones de política, dijo, parecen seguir un posicionamiento de anticorrupción que busca eliminar intermediarios y que la sociedad se autorregule.


Por su parte, Jimena Hernández también puso en duda la existencia de una política pública que atienda un problema en el campo de la educación. Subrayó la importancia del rastreo histórico de donde surgen los planteamientos actuales, y que ha resultado en que cada administración pública pretenda dejar su propia huella y no atender realmente los problemas educativos de fondo. A manera de ejemplo, señaló la exclusión de los profesores de inglés, que no cuentan con plaza como tal y que hoy están a la espera de que lleguen recursos para su pago correspondiente. Hernández dijo que la alianza que estableció AMLO con el magisterio claramente lo posicionó en la presidencia de la República. Ello determinó que la discontinuidad ya constante fuera aún más profunda en este sexenio, con el cierre de instituciones y la construcción discursiva que implicó incluso eliminar palabras vinculadas con la narrativa neoliberal.


Por su parte, Arcelia Martínez señaló que estamos asistiendo a una nueva forma de hacer política y que se enfrentan enormes retos educativos. De los cuatro ejes prioritarios, tres, dijo, tienen que ver con la transferencia directa de recursos (becas, aumento a salarios y PLEEN), lo cual nos habla de una política electoralmente rentable. En este sentido, señaló, la agenda política está por encima de la agenda educativa. Dijo, además, que la política educativa es simplista o reduccionista, pues no se parte de un diagnóstico de los problemas prioritarios del Sistema Educativo Mexicano, en particular aquéllos relacionados con el rezago educativo y el rezago de aprendizajes de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.


En el seminario también se hizo alusión al nuevo planteamiento del Marco Curricular, cuestionando qué tanto debiera hacerse en este momento de crisis, agravado por la pandemia, toda vez que faltan dos años para el cierre de esta administración.


Ante un contexto postpandémico que cada día revela más impactos negativos en el rezago educativo y de aprendizajes y en el incremento de la deserción escolar, sin dejar de lado la posible postulación de la secretaria para contender por la gubernatura del estado de México, cabe preguntarnos varias cosas: ¿Es la educación una prioridad? ¿Qué tanto la transferencia directa de recursos (a escuelas y familias) puede abonar a resolver la crisis educativa que atravesamos? ¿Cómo podemos involucrarnos más como académicos e involucrar más a la ciudadanía para evidenciar el divorcio que existe entre la agenda de gobierno en materia de política educativa y la búsqueda de soluciones integrales?



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