Alejandra Luna Guzmán / Departamento de Educación / Universidad Iberoamericana Ciudad de México
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy enfática al defender que “la educación es un derecho”. Con motivo de su discurso por los primeros 100 días de su gobierno, en este texto revisaremos las implicaciones que esto tiene en términos de indicadores, sí educativos, pero sobre todo de derechos humanos. El objetivo es identificar los avances y los retos pendientes, a manera de ruta imaginaria que desearíamos ver trazada en el Programa Sectorial de Educación a presentarse en próximas fechas.
Las 4As de Tomasevski (2004) han sido una herramienta muy importante para sintetizar las distintas dimensiones del derecho a la educación en el contexto internacional. Sin embargo, en esta ocasión nos parece indispensable hacer un análisis más específico, porque al hacer este ejercicio se posibilita distinguir entre los indicadores estructurales, los de proceso y los de resultados. Partimos así de los Indicadores de derechos humanos, una guía para la medición y la aplicación de Naciones Unidas (ONU, 2012). En su apartado sobre indicadores ilustrativos sobre el derecho a la educación, se hace un cruce en especial con cuatro aspectos esenciales: educación primaria universal; acceso a la educación secundaria y superior; planes de estudios y recursos educativos, y oportunidad y libertad educacional.
Al comparar los datos del Sistema de Gestión Educativa para el ciclo escolar 2023-2024 (SIGED, 2025) con las cifras proporcionadas durante el discurso de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se pueden hacer las siguientes estimaciones: alrededor de 14% de los jóvenes de educación superior tendrán una beca, casi 35% de niños y niñas tendrán beca de primaria, 100% de adolescentes recibirán la beca Rita Cetina para secundaria; 100% de estudiantes de preparatoria tendrán beca.
En los propios indicadores de la ONU, las becas se reconocen como una estrategia que mejora la cobertura y el acceso a la educación. Sin embargo, sería importante tener datos desagregados que identifiquen las poblaciones beneficiadas en educación primaria y superior, ya que en ambos casos la cobertura no es total.
Otros puntos tocados en el discurso de la presidenta Sheinbaum que se refieren a la cobertura son la creación de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos”, que suma a la de educación superior, la construcción de 20 nuevas preparatorias y la ampliación de 65 más “en 59 municipios de 30 estados para dar 40 mil nuevos lugares en educación media superior” (Presidencia de la República, 2025). Asimismo, una vez concretado este objetivo, mejorará la densidad de las instalaciones.
La cobertura y la densidad dan cumplimiento tanto a la accesibilidad como a la asequibilidad bajo la perspectiva de Tomasevski, así como a los indicadores estructurales y de resultado de la ONU. Sin embargo, a la par de ellas es necesario generar mecanismos que fortalezcan los indicadores de proceso, como garantizar la calidad del servicio impartido, generar capacidades y herramientas de seguimiento y evaluación.
Sobre educación media superior, cabe destacar la mención sobre el nuevo modelo educativo, pues da cuenta del indicador de proceso en su eje transversal sobre planes de estudios y recursos educativos de la ONU. Otro de los aspectos que se refiere a los indicadores de proceso es el arranque del programa de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECIs), ya que mejorará los índices de estudiantes que llegan a primaria con estudios previos. Asimismo, cubre el indicador estructural de atender a población en condiciones de vulnerabilidad.
Por otra parte, la infraestructura educativa es, en términos estructurales, uno de los indicadores más relevantes. Los datos presentados en el discurso de la presidenta Sheinbaum, una vez más contrastados con los del SIGED, refieren que el programa La Escuela es Nuestra beneficiará a un aproximado de 80% de escuelas públicas del país, si consideramos desde educación inicial hasta la superior. Sin embargo, una vez más, es indispensable construir indicadores de proceso y de resultados, como lograr una mayor transparencia en el manejo de los recursos y, por supuesto, una efectiva rendición de cuentas. Al momento, únicamente contamos con los datos del presupuesto de egresos de la federación (DOF, 2024, p. 6), que indican que la Secretaría de Educación Pública (SEP) podrá asignarlo “prioritariamente de la manera siguiente: el 64 por ciento a educación básica; el 4.72 por ciento a educación media superior, y el 31.28 por ciento a educación superior en su modalidad universitaria”.
Siguiendo la liga presupuesta, en su discurso, se refiere directamente a la mejora de los salarios a docentes, en especial de quienes laboran en las escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esto corresponde plenamente con el indicador de proceso referente al salario promedio de los maestros. Si bien en su discurso no lo menciona, es ya sabido que se tiene la política de un incremento al salario mínimo por encima de la inflación real (Conasami, 2024). Incluso, en el caso de los docentes, se topó a un mínimo de 16 777 pesos mensuales en la reforma que ya fue aprobada en Cámara de Senadores y que se espera se publique en el DOF en el primer trimestre del 2025 (Esqueda, 2024).
El discurso del 12 de enero no aborda los siguientes aspectos incluidos en el presupuesto de egresos de 2025 (DOF, 2024), pero dado que forman parte de las acciones durante los primeros 100 días, parece apropiado tomarlas en consideración. En especial, lo referente al Ramo 11, Educación Pública, el total del cual equivale a 5% del total nacional. De ese porcentaje, 1% es para sueldos y salarios; 6.6% se dedica a las erogaciones para el desarrollo integral, intercultural y sostenible de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; 13% a la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina; 4% a la Beca Universal de EMS Benito Juárez, y 11% en recursos para la atención a grupos vulnerables.
Evidentemente, requeriríamos un análisis minucioso para determinar tendencias históricas en cada uno de los indicadores. Sin embargo, podemos vislumbrar algunos horizontes. En primer lugar, estos primeros 100 días de gobierno de la actual administración parecen estar concentrándose en fortalecerse en los indicadores estructurales y de proceso, en especial en la educación primaria universal y en el acceso a la educación secundaria y superior. La mención a las modificaciones al modelo de educación media superior es un indicio hacia reforzar los indicadores de proceso en planes de estudios y las estrategias destinadas a infraestructura, los de recursos educativos. Por otro lado, los apoyos a comunidades indígenas, afromexicanas y grupos vulnerables, son los únicos parámetros que al momento se tienen en lo referente a la oportunidad y libertad educacional.
Es claro que hablar de indicadores de resultados a 100 días de iniciado un gobierno parece ilógico. Sin embargo, tienden el puente hacia la innegable necesidad de contar con mecanismos de evaluación. Una vez más, nos referimos tanto a los educativos como a los del cumplimiento del derecho a la educación. Hemos de contar con evaluación de aprendizajes, de desempeño, de planes y programas, y también de eficacia de las políticas educativas orientadas a atender a la población vulnerable, identificar si mejoran las tasas de terminación en secundaria y preparatoria, las de ingreso y permanencia en media superior y superior, la proporción de docentes por cantidad de estudiantes, de número de graduados por cada mil habitantes, el porcentaje de mujeres entre estos últimos, además de muchos otros.
La misión no está en un solo lado de la cancha. Un aspecto sumamente relevante es que estos indicadores del derecho a la educación incluyen la participación de la sociedad civil. Por ejemplo, entre los estructurales se encuentra la cantidad de ONG relacionadas con la defensa del derecho a la educación registradas o activas por cada 100 000 habitantes. Desde el Observatorio-Laboratorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ-Lab), ponemos un grano de arena, pero prevalece la duda de si existe la disposición política de escuchar la diversidad de voces. De lo contrario, se tiene que avanzar en ese sentido.
Referencias
Conasami (2024, 4 de diciembre). Incremento a los salarios mínimos para 2025. Gobierno de México. https://www.gob.mx/conasami/articulos/incremento-a-los-salarios-minimos-para-2025?idiom=es
DOF (2024, 24 de diciembre). Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5746127&fecha=24/12/2024#gsc.tab=0
Esqueda, I. Y. (2024, 9 de diciembre). SEP confirma aumento de salario de maestros en 2025, ¿quiénes ganarían $16,777? MSN. https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/sep-confirma-aumento-de-salario-de-maestros-en-2025-qui%C3%A9nes-ganar%C3%ADan-16777/ar-AA1vzv91
Presidencia de la República (2025, 12 de enero). Versión estenográfica. Informe de 100 días de gobierno. Gobierno de México. https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-informe-100-dias-de-gobierno
Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (2025). Ciclo escolar 2023-2024. Sostenimiento público. Coordinación técnica de planeación e información de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa.
Tomasevski, K. (2004). Indicadores del derecho a la educación. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 40, 341-388.
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