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El Estado venezolano vulnera el Derecho a la Educación




Dr. Gilberto Enrique Resplandor Barreto

Universidad Católica Andrés Bello Guayana, Venezuela

Colaborador invitado por la Red Temática de Investigación de Educación Rural (RIER)

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

Según lo contemplado en el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), este país suscribe “tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos”. Entre éstos está el Derecho a la Educación. En el mismo texto constitucional, el artículo 3 refiere que: “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”. 

De igual forma, el Artículo 102 establece: “La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades…”, así mismo el artículo 104 sostiene que: “La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica. El Estado estimulará su actualización permanente y les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien sea pública o privada, atendiendo a esta Constitución y a la ley, en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión…”.


En concordancia con lo declarado en la carta magna, la Ley Orgánica de Educación vigente (2009), contempla, en el Artículo 14, que:


La educación es un derecho humano y un deber social fundamental concebida como un proceso de formación integral, gratuita, laica, inclusiva y de calidad, permanente, continua e interactiva, promueve la construcción social del conocimiento, la valoración ética y social del trabajo, y la integralidad y preeminencia de los derechos humanos.

Consustanciados con los preceptos normativos, bajo el lema: “Ser cultos para ser libres” de José Martí  y convencidos de que la Educación es responsabilidad básica de todo Estado democrático, porque es un derecho humano fundamental, en marzo de 2014 el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) inició la Consulta Nacional por la Calidad Educativa, dirigida a la más amplia discusión acerca de la educación que queremos y a la búsqueda de elementos comunes que permitieran avanzar hacia una educación de calidad, en el marco de la construcción de una sociedad igualitaria, libre, plural, solidaria, participativa y profundamente democrática.


La consulta proporcionó líneas orientadoras para la reformulación del currículo y la elaboración de políticas educativas nacionales de cara a la aspirada transformación del sistema educativo, con el propósito de concebir una gestión institucional eficiente, transparente, comprometida, participativa y cónsona con los fines constitucionales de la educación. Concluyó en un conjunto de propuestas de alto consenso para la formulación de una política pública nacional sobre la calidad educativa, acorde con el momento y las necesidades actuales del país, entre las que destacan: a) garantizar educación de calidad para todos; b) fortalecer el rol de los docentes como garantes de la calidad educativa; c) garantizar un clima de protección estudiantil; d) garantizar edificaciones educativas sencillas, amigables y seguras y, e) lograr una estrecha relación entre la escuela, la familia y la comunidad.


Los resultados de la consulta se quedaron en declaración de buenas intenciones, ya que desde el MPPE no se han promulgado las políticas ofrecidas y mucho menos existe la intención gubernamental de contribuir a mejorar la realidad actual de la educación.

Tal como se aprecia en el estamento legal, el Estado Venezolano está obligado a ofrecer educación gratuita y de calidad a los niños, niñas, jóvenes y adultos en todo el territorio nacional, pero desde el inicio del año escolar 2017-2018 se han agravado algunas situaciones que contrarían el precepto constitucional y violan el Derecho a la Educación en el país.


Innumerables situaciones conflictivas se han puesto de manifiesto, tal como lo declara Bravo Jáuregui (2018): 


El periodo escolar 2017-2018 es el de resultados más negativos en los últimos 60 años. Los indicadores del informe de la Memoria Educativa Venezolana, correspondiente al año pasado, revelan que en áreas como la inclusión escolar se llegó a cifras inferiores a las de 1958, año caracterizado por una fuerte convulsión política que mantuvo en rezago la educación.


La inexistencia de programas de actualización de los docentes en servicio promueve la pérdida de la calidad de la enseñanza, aunado a la falta de construcción de nuevas edificaciones educativas, que también incide en la disminución de los nuevos inscritos, con preferencia en la educación básica; lo anterior se acompaña de las constantes interrupciones en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). 


Según Freites (2018), los datos ofrecidos por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2018) en cuanto a la cobertura educativa son poco alentadores, ya que la deserción escolar en niños y jóvenes entre 3 y 24 años se ubicó en 30%, 8 puntos porcentuales por encima de los de 2014, cuando se inició el estudio. Los principales factores que impiden la asistencia a clases son la falta de alimentos en los hogares o planteles, el colapso del sistema de transporte y las fallas en servicios públicos como la dotación de agua.


En el Informe Anual del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA, 2019) se registra que la realidad no se puede ocultar: “hay más niños faltando a clases por comida o transporte, hay más maestros yéndose de las aulas por las pésimas condiciones salariales, hay más escuelas deteriorándose, hay menos presupuesto para las universidades y hay situaciones preocupantes en crecimiento, como los jóvenes solos en casa porque sus padres tuvieron que emigrar”. 


En lo que va de ciclo escolar 2019-2020, los educadores se han visto obligados a realizar dos jornadas nacionales de protesta paralizando actividades. La indolencia del gobierno lleva la crisis en el sector educativo a lo que algunos gremios empiezan a denominar catástrofe educativa.


Según Bravo Jáuregui (PROVEA, 2020), las fallas en los servicios públicos, la falta de comida y transporte, dificultan la rutina escolar. De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2018), en Venezuela 28% de los escolares no asisten a clases por falta de agua, 22% por carencia de alimentos en el hogar y 13% por esta misma razón en la escuela. Podemos afirmar que “la situación del derecho humano a la educación continuó su lamentable declive constatado desde hace cinco años, sin que se note voluntad política de quienes detentan el poder para adoptar correctivos y empezar a revertir la situación” (PROVEA, 2019, párrafo 1)


La situación es alarmante, pues al estancamiento y depresión de todo el sistema, tanto público como privado, hay que sumar la falta de planes y estrategias gubernamentales para atenuar la crisis. Advirtió Bravo Jáuregui (2018): “Notamos con preocupación la ausencia de formulación de políticas educativas que permitan paliar y resolver esta situación en el mediano y largo plazo”. 


No obstante, insiste Bravo Jáuregui (2018) en que “no todo está perdido, pues aún persisten aspectos como la infraestructura construida y la fortaleza de la administración privada de centros educativos”. Pero es urgente la resolución del grave estancamiento que ahoga nuestra educación, ya que propicia la ignorancia inducida y nos aleja de la competitividad nacional en el mundo actual.


Referencias

Bravo Jáuregui, L. (2018). Memoria Educativa Venezolana, paso a paso, Nº 679 (17 al 23 febrero 2018). Caracas: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación. 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999. Caracas, Venezuela

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI (2018). Caracas: UCAB, UCV, USB. 

Freites, A. (2018). Datos de ENCOVI 2018 revelan el incremento de la pobreza en Venezuela. Revista SIC, s. p. Recuperado de https://revistasic.gumilla.org/2018/datos-de-encovi-2018-revelan-el-incremento-de-la-pobreza-en-venezuela/


Infobae Venezuela (2020). Los números de la crisis educativa en Venezuela: casi 700.000 estudiantes dejaron la escuela y cerraron 1.275 colegios. Recuperado de https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/02/20/los-numeros-de-la-crisis-educativa-en-venezuela-casi-700000-estudiantes-dejaron-la-escuela-y-cerraron-1275-colegios/


Ley Orgánica de Educación (2009). Gaceta Oficial No 5.929 Extraordinaria de fecha 15 de agosto de 2009. Caracas, Venezuela.

Ministerio del Poder Popular para la Educación. Inclusión y Calidad.  (2014). Informe de la Consulta Sectorial por la Calidad Educativa. Caracas: Gobierno Bolivariano de Venezuela.


Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, PROVEA (2019). Informe anual: crisis educativa se generaliza y profundiza de manera preocupante. Caracas: Gobierno de la República.

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