El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.
Red Temática de Investigación de Educación Rural
Berenice Ortiz Elizalde, Lydia Espinosa Gerónimo, Héctor M. Jacobo, Diego Juárez Bolaños, Diana Violeta Solares y Cenobio Popoca
Con la Reforma Educativa del año 2013 se realizaron cambios sustanciales a los procesos de ingreso, promoción y permanencia de los profesores de educación básica y media superior. Dicha Reforma no ha estado exenta de cuestionamientos e incluso oposición, entre otras razones, por desarrollar “medidas punitivas” hacia el magisterio. Es decir, por las consecuencias laborales, como la pérdida del empleo o el no acceso a estímulos salariales, de acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño docente.
Aunado a tal polémica, se encuentra la complejidad para realizar estos procesos de evaluación de una manera pertinente, equitativa y contextualizada a docentes que laboran en condiciones de vulnerabilidad social y educativa en escuelas rurales, multigrado, indígenas y telesecundarias, por mencionar algunas.
Las experiencias de evaluación de desempeño de profesores rurales nos remiten a retos que el Instituto nacional de Evaluación de la educación (INEE) no ha podido resolver, como la falta de conectividad o de equipo de cómputo en las comunidades donde laboran los docentes. Esto genera angustia y gastos para acceder a la información, revisarla, descargar e imprimir materiales en los tiempos previstos, así como para posteriormente “subir” las evidencias a la Plataforma, la cual también ha presentado fallas. Así también, debido al débil o nulo acompañamiento y asesoría para la realización del proceso, en la mayoría de las ocasiones los docentes rurales han tenido que hacer frente a la evaluación en solitario, sin apoyo de las autoridades escolares o la tutoría de personal experto.
Lo anterior sumado a la falta de pertinencia de los llamados Perfiles, Parámetros e Indicadores (PPI) diseñados para los contextos educativos rurales. Por ejemplo, en la elaboración del llamado Proyecto de enseñanza, en una de las actividades del proceso de evaluación, se solicita a los docentes multigrado realizar el diagnóstico, planificación y análisis sólo a partir de un grado escolar, aun cuando, como se sabe, estos docentes atienden a varios grados simultáneamente.
Por ello, es imprescindible que el INEE, la SEP y demás instancias involucradas consideren estas y otras situaciones, ya que no se trata de complicar más las labores de los docentes de escuelas multigrado que, desde su esencia, está saturada de requerimientos académicos, administrativos, institucionales y sociales, sino de ofrecer apoyo, acompañamiento efectivo y funcional al docente en proceso de evaluación.
Resulta inconcebible que después de cinco años de implementación de la Reforma Educativa, el INEE no haya elaborado evaluaciones de desempeño específicas para maestros que laboran en los diversos contextos rurales, quienes atienden a más de mitad de las escuelas públicas del país.
Al respecto de la evaluación docente, planteamos algunas consideraciones:
El punto de partida debiera ser la revisión, discusión, análisis sobre el sentido, propósitos y efectos de la evaluación docente en sus tres grandes propósitos: ingreso, promoción y permanencia; poner a debate el efecto laboral para colocar en el centro el sentido formativo de la evaluación, entendido como un proceso diagnóstico tanto de las necesidades de formación, como de las condiciones de trabajo de los docentes, con el objetivo de generar acciones de política educativa y de profesionalización sistemáticas, sólidas y pertinentes que contribuyan a la mejora de la práctica docente.
Se requiere una evaluación con equidad. Por un lado, crear las condiciones de gestión, curriculum, materiales educativos, formación inicial y continua que posibiliten mejores logros educativos en estos contextos, sin la disminución de los estándares de evaluación. Por otro, que los Perfiles, Parámetros e Indicadores, así como los instrumentos de evaluación consideren las especificidades profesionales, condiciones y particularidades de estos contextos. ¿Cómo pretender evaluar el trabajo de un docente multigrado, si se carece de una política educativa, y un proyecto de atención a estas escuelas?
Respecto a la evaluación para el ingreso al servicio, mediante el concurso actual, quienes se incorporan a las escuelas rurales suelen ser recién egresados de instituciones formadoras y actualizadoras de docentes o universidades quienes, si en escuelas “de organización completa” enfrentan retos diversos, esto se ve multiplicado en escuelas multigrado, ante la falta de formación inicial para atender las particularidades de éstas. Por ello, así como se solicita el dominio de la lengua para poder participar en el concurso de ingreso a la docencia en contextos de educación indígena, habría que plantearse la posibilidad de solicitar experiencia y saberes previos vinculados al trabajo docente en multigrado y la atención a la diversidad para concursar por plazas docentes en estos contextos. Y derivado de ello, establecer un sistema de compensaciones y estímulos salariales para quienes se incorporen a este tipo de planteles. Como expresaba Rafael Ramírez (1976)[1], al medio rural debieran ser asignados los docentes mejor preparados y se podría añadir: los mejor pagados y con estímulos.
En cuanto a la evaluación para la promoción, existen dificultades para acceder a cargos como ATP y directores de escuela. En los planteles multigrado además de carecer de personal como subdirector administrativo, subdirector académico, profesor de educación física, TIC’s, biblioteca o lectura, educación especial, el docente o uno de ellos desempeña simultáneamente la función directiva. Esto resulta inequitativo, afecta el trabajo pedagógico y con ello los resultados en el aprendizaje. Por lo que se requiere una definición de la política educativa y en su momento de evaluación, para asignar figuras directivas específicamente diseñadas para estos contextos.
En resumen, es necesario como requisito para una evaluación docente con sentido, que se impulse una política educativa hacia las escuelas rurales, y que se revise y plantee una evaluación con equidad que considere las condiciones y necesidades del trabajo docente en estas escuelas, donde niños, niñas y jóvenes tengan derecho a recibir una educación de calidad como lo señala el Artículo 3º constitucional.
[1] Ramírez, Rafael (1976). La Escuela Rural Mexicana. México: Sepsetentas.