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México, ¿un Estado fallido en seguridad y educación?

Primero formar ciudadanos, después lectores y escritores (2/3)


Jordi Abellán Fernández

Escuela normal Yermo y Parres

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

En esta segunda entrega, extensa por necesidad, se analizan los datos generados por instituciones gubernamentales y no gubernamentales que refrendan uno de los doce indicadores a los que recurre el centro de estudios Fund for Peace para elaborar el Índice de Estados Fallidos. Para entrar en materia, el siguiente cuadro es un comparativo entre los índices de fragilidad de los Estados.

Cuadro 1. Comparación entre los índices de fragilidad de los Estados (2019)




De los tres indicadores que conforman el apartado “Cohesión” México sobresale en aparatos de seguridad, con un puntaje cercano al de los países más fragmentados del planeta: este rubro valora las amenazas a la seguridad de un Estado y toma en cuenta, entre otros factores, el crimen organizado, los homicidios y la confianza percibida por los ciudadanos hacia la seguridad interna (Fund for Peace, 2019).

En primera instancia, el monopolio sobre el uso de la fuerza no recae en el Estado mexicano. La organización México Unido Contra la Delincuencia sostiene que, en la actualidad, hay computados 400 grupos criminales, quienes “además de la producción, venta y trasiego de droga, controlan delitos como secuestro, ejecución, extorsión y robo de combustible” (MUCD, 11 de octubre de 2017). A esta problemática se agrega una cifra que corrobora el fracaso de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en su rol preventivo contra la violencia y en su eficacia para retener a los estudiantes: “algunos análisis estiman que hay, por lo menos, 30 000 niños y adolescentes menores de 18 años que cooperan activamente con la delincuencia organizada” (CIDH, 2016, p. 71).

La disponibilidad de armas en México es un hecho probado y en marcado crecimiento. Karp (2018) considera que hay 16.8 millones de armas, 12.91 por cada 100 habitantes, de las cuales el 81.4% son ilegales. Estos montos sitúan al país en el séptimo lugar mundial, muy por encima de Iraq (2.2 veces) o Afganistán (3.9 veces). En consonancia, entre 1997 y 2017 la tasa de homicidios cometidos con armas de fuego creció en razón de 570%, aproximadamente 46 personas por día durante el 2017 (CMDPDH, 2018). Más que intervenir de forma directa sobre los problemas de violencia, la SEP (2017b) implementa en algunas escuelas el Programa Nacional de Convivencia Escolar, un proyecto que incluye un paquete de seguridad con “un conjunto de estrategias para prevenir, detectar el ingreso de armas que puedan poner en riesgo a la comunidad escolar” (p. 4). Desde luego, los centros educativos no son ni pueden ser burbujas aisladas de la realidad.

Durante los últimos trece años los homicidios producidos en México han seguido una curva ascendente, así como los homicidios intencionales y los asesinatos con arma de fuego (ver cuadro 2).

Cuadro 2. Evolución del número de homicidios, homicidios dolosos y homicidios por arma de fuego cometidos en México (2006-2019)


El Igarapé Institute, en su reporte Citizen Security in Latin America: Facts and Figures (Muggah y Aguirre, 2018) coloca a México en el lugar 17 del top 20 en cuanto a la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, y en el segundo puesto de la cifra absoluta de homicidios. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CSSPJP, 2019) revela, en un estudio de 2018, que 15 de las 50 ciudades más violentas del mundo se localizan en México y cinco de ellas están en los 10 primeros lugares del ranking: Tijuana (1º), Acapulco (2º), Cd. Victoria (4º), Tijuana (5º) e Irapuato (6º).

Ahora bien, aunque las clasificaciones anteriores excluyen a los países que están en estado de guerra, la Encuesta Anual de Conflictos Armados 2017 publicada por el International Institute for Strategic Studies (IISS, 2017) situaba a México (con 23 000 muertos) como la zona más peligrosa del mundo después de Siria (50 00 víctimas), y por delante de Afganistán (17 000 muertos) e Iraq (16 000 bajas). La desaparición forzada regresa la atención a quienes padecen la violencia armada, en tanto se “vulnera no sólo a la víctima, sino también a su entorno familiar y social” (CMDPDH y otros, 2018, p. 17). A finales de 2018 el secretario de Gobernación confirmó que no se sabía el paradero de 37 485 personas desde 2006, y aceptó que “seguramente es mucho más grande el número … pero teníamos que basarnos en datos oficiales”[4] (Excelsior, 10 de octubre 2018). Esta suposición coincide con el aumento de las desapariciones forzadas desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico: de 618 en 2007, hasta llegar a las 4 157 de 2017 (Moreno y Hernández, 2018).

La impunidad o ausencia de castigo no se puede separar de la desaparición forzada, una de las violaciones más graves a los derechos humanos (Guevara y Chávez, 2018). El artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas establece que “se le impondrá pena de veinticinco a cincuenta años de prisión (LGMDFP, 2017, p. 10) a los particulares que cometan este delito. Hasta agosto de 2018, había iniciado 1 255 investigaciones, pero solamente había presentado cargos en 11 casos. No informó sobre ninguna condena” (p. 394). El problema de la impunidad transmite el mensaje de que esta conducta puede proliferar sin mayores consecuencias (CNDH, 2017).

Las fosas clandestinas son un problema conectado con la desaparición forzada y el surgimiento de colectivos que buscan encontrar a sus familiares, quienes además son los responsables de casi todos los descubrimientos (CMDPDH y otros, 2018): “Desde diciembre de 2006 a mediados del año 2017 se contabilizaron al menos 1 610 fosas clandestinas con 3 036 cuerpos y 876 restos o fragmentos de personas en 23 entidades del país” (p. 19), a las que se han de agregar las 594 que se han encontrado del 1 de diciembre de 2018 al 23 de agosto de 2019 (Redacción Aristegui Noticias, 14 de octubre 2019).

La salida del ejército a las calles es un indicador más de la debilidad del Estado. En diciembre de 2006 el presidente de México puso en marcha una iniciativa que implicó la militarización de la seguridad pública. En diciembre de 2017 el poder legislativo aprobó, en lo general y en lo particular, la Ley de Seguridad Interior. En protesta, un total de 40 organizaciones de la sociedad civil mexicana redactaron un informe en el que aseguraban que la intención era

normalizar y profundizar la militarización de la seguridad pública… mediante el establecimiento de un esquema de subordinación de las autoridades civiles del país a la cadena de mando militar (Colectivo EPUmx, 2018, p. 12).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad e invalidez de esta Ley (SCJN, 2018) y, a pesar de que está en proceso de abrogación, el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 del nuevo gobierno formuló la creación de una Guardia Nacional que, aunque debía tener un mando civil, está controlada por militares.

Oídos sordos. Human Rights Watch (2018) asegura que en México es habitual que “se torture a detenidos para obtener información y confesiones. La tortura se aplica más frecuentemente en el periodo entre el que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, y el que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público” (p. 368). En el mismo documento se hace referencia a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 realizada por el INEGI (2017b) a 64 150 personas, cuyos resultados revelan la ausencia del Estado de derecho en México: en 93.2% de delitos no hubo denuncia o no se instruyó una averiguación previa porque las víctimas lo juzgan como una pérdida de tiempo (31.7%), por desconfianza y a causa de la actitud hostil de la autoridad, debido a la dificultad y a la duración de los trámites o por miedo a que los extorsionaran (31.4%). Asimismo, y pese a estar ampliamente documentado, no hay condenas por abuso sexual, un fenómeno frecuente en la tortura a las mujeres cuando son detenidas por la policía o el ejército (Colectivo EPUmx, 2018, p. 16).

La falta de competencia del Estado mexicano en materia de seguridad pública se puede resumir en tres ejemplos paradigmáticos: en Tlatlaya (Estado de México) 22 civiles murieron asesinados por el ejército en 2014 y la CNDH llegó a la conclusión de que entre 12 y 15 fueron ejecutados extrajudicialmente. Hasta el día de hoy ningún soldado ha sido condenado (Human Rights Watch, 2018). En la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 un grupo de alumnos de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa que viajaban en autobús fueron atacados por la policía municipal en la ciudad de Iguala (Estado de Guerrero). Más tarde, una parte fueron detenidos y “durante el transcurso de la noche 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada, seis personas (incluyendo tres estudiantes) fueron asesinadas y al menos otras 40 resultaron heridas. El papel de diversas fuerzas de seguridad en estas acciones está bajo investigación” (ONU-DH, 2018, p. 10). El 22 de mayo de 2015, en el “Rancho del Sol” ubicado en el municipio de Tanhuato (Estado de Michoacán), se produjo un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la policía federal. La CNDH (2016) inició una investigación de violación a los derechos humanos por uso excesivo de la fuerza “que derivó en la ejecución arbitraria de 22 civiles y la privación de la vida de 4 civiles; la tortura de dos personas detenidas; el trato cruel, inhumano y degradante en perjuicio de una persona detenida y la manipulación del lugar de los hechos” (p. 1).

La merma en la confianza percibida por los ciudadanos hacia la seguridad interna no es un asunto menor. Los resultados generales de la ENVIPE 2019 sintetizan una situación que excede al control del Estado:

Cuadro 3. Principales resultados de la ENVIPE 2019

FUENTE: INEGI (2019). Comunicado de prensa núm. 463/19. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, p. 5.

La dimensión que ha adoptado la delincuencia y la violencia es una prueba fehaciente del fracaso del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así pues, la generalización del delito y la ausencia de progresos atestiguan que México cumple con dos de los cuatro elementos que plantea López (2013, p. 102):

la ruptura de la ley y el orden producido cuando las instituciones estatales pierden el monopolio del uso legítimo de la fuerza y se tornan incapaces de proteger a sus ciudadanos, y el asentamiento de grupos armados, cárteles, mafias, milicias, señores de la guerra que son quienes realmente ostentan el monopolio del uso de la fuerza y actúan, en general, en sustitución del Estado.

La normalización de la envergadura, relevancia y extensión de los problemas sociales, su cotidianidad y justificación en la opinión pública, “como si se tratara de una realidad incuestionable” (Berlanga, 2015, p. 110), provoca un efecto adormecedor sobre la conciencia (Lemaitre, 2014).

¿Cómo logramos que los niños y jóvenes nacidos en México durante las dos últimas décadas no asuman que los asesinatos a sangre fría, la tortura y la desaparición son naturales?

¿Qué puede hacer la educación obligatoria para enfrentar este tipo de actitudes y prácticas, de manera que genere en los estudiantes indignación, rechazo y una necesidad imperativa de actuar?

[1] Cada indicador se evalúa en una escala de 0 a 10, por lo que 120 puntos es el resultado más alto que puede obtener un país. [2] El Índice de Estados Fallidos agrupa a 178 países. [3] Las cifras abarcan del 1 de enero al 31 de agosto de 2019. [4] Los datos oficiales “se refieren a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas en las Agencias del Ministerio Público y reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas” (SESNSP, 2018b, p. 1).

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