Primero formar ciudadanos, después lectores y escritores
Jordi Abellán Fernández
Escuela normal Yermo y Parres
El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.
En esta tercera y última entrega se revisan los avances en México rumbo a la agenda de educación en favor de la paz y se ofrece una propuesta curricular que apoya la formación de ciudadanos comprometidos con ésta.
Educación en favor de la paz
Dos años antes de la reforma de la educación básica de 2017, México fue uno de los 193 países que aprobaron el documento promovido por la UNESCO Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y aceptaron cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas. Al mismo tiempo, participó en el Foro Mundial sobre la Educación 2015 y adoptó el concepto de calidad de la Declaración de Incheon que considera la educación para la ciudadanía mundial (ECM; UNESCO, 2015a, p. 8).
En concordancia con esta prerrogativa, las normas nacionales y los tratados internacionales se articulan en aras de encontrar soluciones a problemas comunes y confirman o llenan los vacíos que dejan las leyes relacionadas con la política pública. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990, expone en el artículo 29 que la educación debe “Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas” (UNICEF, 2004, p. 25), y tiene que ser educado “en el espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad” (UNICEF, 2004, p. 6). Asimismo, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes además de asegurar el derecho a una vida libre de violencia y de no ser utilizados en conflictos armados, subraya, en la fracción IX del artículo 58, que la educación tendrá como fin “propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos” (LGNNA, 2014, p. 23).
En esta línea, los países que firmaron la Agenda 2030 coinciden en que “la educación tiene la responsabilidad de estar a la par de los desafíos y las aspiraciones del siglo XXI, y de promover los tipos correctos de valores y habilidades que llevarán al crecimiento sostenible e inclusivo y a una vida pacífica juntos” (UNESCO, 2015, citado en UNESCO, 2017a, p. 7). Por este motivo, la próxima reforma curricular tiene que modificar la visión utilitarista del plan de estudios 2017 y ofrecer un mayor espacio a “la democracia y los derechos humanos y afianzar la ciudadanía mundial, la tolerancia y el compromiso cívico” (UNESCO, 2017a, p. 26).
En la Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe de enero de 2017 se suscribió la Declaración de Buenos Aires, un documento que funda la visión de la educación hacia 2030. Entre los acuerdos destaca el diseño de “programas integrales de educación para el desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía mundial,[1] fundamentales para adquirir valores y actitudes vinculadas a los derechos humanos, a la igualdad de género, a la cultura de la paz, la no violencia y la convivencia” (UNESCO, 2017b, p. 11).
México intervino activamente en la definición de la Agenda 2030, “impulsó que la universalidad, sustentabilidad y los derechos humanos fuesen los ejes rectores” (ONU México, 2018) y fue uno de los dos países de América Latina y el Caribe que se ofrecieron para presentar avances acerca de los ODS. En el Reporte Nacional para la Revisión Voluntaria de México en el Marco del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible se refrendó la Agenda como un pacto de Estado y se anunció un programa de trabajo para monitorear los principales adelantos. En el primer informe se habla de acción colectiva, socialización y apropiación de los ODS como requisitos para acelerar las transformaciones, también se menciona la necesidad de incorporar los ODS a las bases normativas y determinar los elementos que obstaculizan su implementación (INDS, 2017).
En referencia al logro del ODS 16, “Paz, justicia e instituciones sólidas”, el ejecutivo federal reconocía que México “enfrenta diversos desafíos relacionados con la debilidad institucional y la presencia de organizaciones delictivas en el país, entre otros, que condicionan el cumplimiento de este ODS” (Gobierno de la República, 2018, p. 69) y se planteaba como desafío reducir la existencia y operación de estos grupos, así como “consolidar el cumplimiento de una política de Estado en materia de derechos humanos” (p. 70). Sin embargo, y sorprendentemente, el Gabinete Especializado: México en Paz no incorpora a la SEP como una de las agencias responsables (INDS, 2017), a pesar de que el ODS 16 señala como objetivos de aprendizaje que los alumnos estén calificados para:
exigir y apoyar públicamente el desarrollo de políticas que promuevan la paz, la justicia, la inclusión y las instituciones sólidas… colaborar con grupos que actualmente están experimentando injusticia y/o conflictos [de modo que se convierta] en un agente de cambio en la toma de decisiones local y alzar la voz en contra de la injusticia [y contribuya a] la resolución de conflictos a nivel local y nacional (UNESCO, 2017a, p. 42).
Definitivamente, cuanto más tiempo transcurra, más complicado será revertir la crisis de derechos humanos que enfrenta el país y aunque en la generación de la violencia se conjugan factores multidimensionales, no por eso deja de ser urgente asumir un compromiso desde la educación escolar. Si la respuesta no es pertinente y oportuna, ¿se habrá de responsabilizar al sistema educativo de que México sea un Estado fallido?
Propuesta curricular para la educación básica
El cuarto ODS de la Agenda 2030 propone como desafío “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (UNESCO, 2017a, p. 18). En este tenor, la séptima meta indica como deseable en el mediano plazo:
asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para… los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural (UNESCO, 2015a, p. 75).
Esta meta se organiza en tres rubros. En el concepto “Prestación”, el indicador 25 examina hasta qué grado “i) la educación para la ciudadanía mundial y la ii) educación para el desarrollo sostenible se incorporan en a) las políticas nacionales de educación, b) los planes de estudio, c) la formación de docentes y d) la evaluación de los estudiantes” (UNESCO, 2015a, p. 75).
En México, entre las acciones y desafíos relativos al ODS 4 “Educación de calidad”, no hay datos puntuales que señalen su cumplimiento. En el Informe de Gobierno 2018-2019 las únicas acciones encaminadas a la formación ciudadana son los libros de texto y, para el maestro, de Conocimiento del Medio y Formación Cívica y Ética (Gobierno de México, 2019, p. 164). Sin duda, formar desde la escuela a buenos ciudadanos y vivir en una sociedad donde la convivencia pacífica sea una constante requiere otro tipo de medidas.
Un problema todavía sin resolver en la mayoría de los planes de estudio es la incongruencia que hay entre el discurso sobre las finalidades y su concreción curricular. De los 34 países miembros de la OCDE, México ocupa el segundo lugar en el tiempo destinado a la enseñanza del español y el primero respecto a matemáticas. Esta proporción del tiempo clase debería verse reflejada en los resultados de aprendizaje de español y matemáticas, pero los de la prueba Planea reflejan que no hay una correlación positiva entre ellos.
Este argumento, aparte de la situación de emergencia que vive México en materia de seguridad, es suficiente para justificar la revisión de la malla curricular de la educación básica, en aras de hacer válido el discurso que desde la SEP y otras instancias internacionales[2] predomina sobre la ciudadanía y los derechos humanos. Valga como ejemplo la opinión de un exsecretario de educación básica:
En un país como México, que padece una crisis sin precedentes de convivencia, asociada en gran parte a la violencia, no cabe duda que la educación para la convivencia pacífica y democrática debe ocupar un lugar central del currículum, al lado de lengua y matemáticas” (Guevara, 11 de noviembre 2018).
No obstante, este cambio de dirección significaría hacer otra lectura del concepto de calidad o excelencia, más centrado en su vertiente social que académica e instrumental.
En América Latina “la educación ciudadana se ofrece a través de distintas áreas del currículo y no en una sola asignatura, y en todos los países cubre el conjunto de la secuencia formativa, desde el primer grado de la educación primaria hasta la culminación de la educación secundaria o media” (Cox, Bascopé, Castillo, Miranda y Bonhomme, 2014, p. 12). México no es la excepción. Los objetivos y contenidos que despliegan los planes de estudio de la educación primaria y secundaria de seis países latinoamericanos se pueden agrupar en varios ámbitos: “Principios-valores cívicos. Ciudadanos y participación democrática. Instituciones. Identidad, pluralidad y diversidad. Contexto macro. Convivencia y paz” (Cox et al., pp. 55-56). De esta última dimensión emanan cuatro categorías:
Ilegitimidad del uso de la fuerza; condiciones uso legítimo de la fuerza (sic) por el Estado.
Convivencia: valor, objetivo y características.
Resolución pacífica y negociada de conflictos.
Competencias de la convivencia (Cox et al., p. 57).
En México, la primacía temática corresponde a “Principios-valores cívicos” (21.2%), le sigue “Instituciones” (19.5%) y en el último lugar se ubica “Convivencia y paz” (9.1%) (Cox et al., 2014, p. 20), aunque no se estudia la categoría relacionada con la violencia y las condiciones del uso de la fuerza por el Estado (Cox, 2010). Este dato es una prueba más de la visión de los diseñadores curriculares, en un país donde la inseguridad y la falta de respeto a los derechos humanos son un problema desde hace años.
Una de las soluciones posibles es crear un espacio curricular independiente que responda a las responsabilidades sociales y a la participación en actividades de la comunidad (Cox, Jaramillo y Reimers, 2005). Aunque recomendamos que se enseñe desde la educación preescolar y que el tiempo lectivo sea similar al de español y matemáticas, esas decisiones se han de tomar después de hacer una consulta pública que involucre a los estudiantes, los padres de familia, los maestros, las autoridades educativas y organizaciones de la sociedad civil.
Por último, recogemos algunas sugerencias de la UNESCO sobre la educación para el desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía mundial que deben acompañar la construcción de esta asignatura:
Los docentes han de ser un modelo de conducta ciudadana, estar informados sobre los principales acontecimientos del contexto local, nacional y mundial e involucrarse con la comunidad (UNESCO, 2015b, p. 55), deben facilitar el aprendizaje, ser inclusivos y demostrar que disponen de competencias para la convivencia (UNESCO, 2015c).
Los maestros y directivos han de propiciar un clima democrático, participativo, interactivo, respetuoso y seguro en los centros escolares (UNESCO, 2015b), inspirar el cuidado del otro, apoyar la autoestima y la autonomía (UNESCO, 2015c), mantener una relación cercana con los padres de familia y ofrecer oportunidades “para que los educandos experimenten el aprendizaje en contextos variados” (UNESCO, 2015b, p. 55).
El enfoque pedagógico ha de dar prioridad a las elecciones y voz de los alumnos (UNESCO, 2016), fomentar el pensamiento crítico y creativo, orientarse hacia el diálogo, la resolución de conflictos y la acción transformadora (UNESCO, 2017a). Los conocimientos previos y las vivencias de los estudiantes se pueden convertir en el punto de partida para intervenir y reflexionar sobre sus experiencias para que estén en condiciones de cuestionar y cambiar “las formas como ven y piensan el mundo” (UNESCO, 2017ª, p. 55).
Las estrategias didácticas clave son los proyectos colaborativos o el aprendizaje en servicio centrado en la comunidad, “los ejercicios de construcción de visión, tales como talleres de futuro, análisis de escenario, narrativa utópica/distópica, pensamiento de ciencia ficción, y pronóstico y retrospección …los proyectos de investigación basados en la comunidad, estudios de caso, análisis de partes interesadas, análisis de actores, modelado, juegos de sistemas, etc.” (UNESCO, 2017ª, p. 55).
Ahora sólo queda esperar un cambio de rumbo en la organización de los programas, de modo que haya consistencia entre el tiempo lectivo, los espacios curriculares y los fines de la educación, para que desde la escuela se puedan formar buenos ciudadanos y vivir en una sociedad donde la convivencia pacífica se convierta en un bien común.
A manera de cierre
¿Es suficiente anunciar en el Programa Nacional de Desarrollo 2019-2024 que en el último año del sexenio “Los jóvenes no se verán empujados a las conductas antisociales y se privará a la criminalidad del semillero de nuevos integrantes que hoy representa la exclusión de los jóvenes del estudio y el trabajo”? (PND, 2019, p. 62).
Coincidimos con la UNESCO en que la educación en situaciones “de emergencia tiene un efecto protector inmediato, ya que proporciona conocimientos y aptitudes para la supervivencia y apoyo psicosocial a los afectados por las crisis” (UNESCO, 2015ª, p. 34). Por otro lado, aceptamos que la incorporación en el currículum de los problemas sociales relevantes del presente, “sin intentar rehuir las controversias que agitan al mundo adulto y a las que están expuestos cotidianamente” (Cox, Jaramillo y Reimers, 2005, pp. 24-25) es un requisito para formar una ciudadanía democrática activa.
Hasta ahora el sistema educativo ha admitido la reproducción de valores contrarios a los derechos humanos (por acción, omisión o falta de aplicación) y se ha imbuido en un entramado que tolera, encubre y no denuncia la violencia. Por tanto, es de esperar que las reformas y leyes que se aprobaron en 2019 respalden un proyecto que se centre, entre otras finalidades, “en la cultura de la paz, el respeto, la tolerancia, los valores democráticos que favorezcan el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las diferencias” (LGE, 2019, p. 5).
Referencias bibliográficas
Cox, C. (2010). Informe de Referente Regional 2010. Oportunidades de aprendizaje escolar de la ciudadanía en América Latina: currículos comparados. Bogotá: Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLALC.
Cox, C., Bascopé, M., Castillo, J. C., Miranda, D., y Bonhomme, M. (2014). Educación ciudadana en América Latina: prioridades de los currículos escolares. Ginebra: UNESCO.
Cox, C., Jaramillo, R., y Reimers, F. (2005). Educar para la Ciudadanía y la Democracia en las Américas: Una Agenda para la Acción. New York: Banco Interamericano de Desarrollo.
Gobierno de México. (2019). Primer Informe de Gobierno 2018-2019. Recuperado de https://pre
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Gobierno de la República. (2018). Reporte Nacional para la Revisión Voluntaria de México en el Marco del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. Bases y fundamentos en México para una visión del desarrollo sostenible a largo plazo. Avance en el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/345537/INFORME_ NACIONAL_
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Guevara, G. (11 de noviembre 2018). La educación frente a los grandes problemas nacionales: la violencia (1). Recuperado de: http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1100548.html
Instituto Nacional de Desarrollo Social. INDS (2017). Reporte Nacional para la Revisión Voluntaria de México en el Marco del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/up loads/attachment/file/257182/
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Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. LGNNA. Diario Oficial de la Federación, México, 4 de diciembre de 2014 (Última reforma publicada DOF 20-06-2018) Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_2006
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ONU México. (2018). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado de http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/
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UNESCO. (2015a). Educación 2030. Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Recuperado de https://es.unesco.org/world-education-forum-2015/about-forum/declaracion-de-incheon
UNESCO. (2015b). Educación para la ciudadanía mundial. Temas y objetivos de aprendizaje. París: UNESCO.
UNESCO. (2015c). Replantear la educación. ¿Hacia un bien común mundial? París: UNESCO.
UNESCO. (2016). Educación para la Ciudadanía Mundial. Preparar a los educandos para los retos del siglo XXI. París: UNESCO.
UNESCO. (2017a). Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos de aprendizaje. París: UNESCO.
UNESCO. (2017b). Declaración de Buenos Aires – E2030: Educación y habilidades para el siglo 21. Santiago de Chile: Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREAL).
UNICEF. (2004). Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña. Asunción: UNICEF en Paraguay.
[1] La UNESCO promueve la Educación para la ciudadanía mundial desde 2012, cuando el secretario general de las Naciones Unidas hizo el lanzamiento de la Iniciativa Mundial “La educación ante todo” y estableció que era uno de los tres ámbitos de trabajo prioritarios en el terreno de la educación (UNESCO, 2015b). En síntesis, se trata de “un paradigma marco en el que se narran de forma resumida las formas en que la educación puede desarrollar los conocimientos, competencias, valores y actitudes que los estudiantes necesitan para garantizar un mundo más justo, pacífico, tolerante, inclusivo, sostenible y seguro” (UNESCO, 2016, p. 10).
[2] Cfr. OCDE (2016). Global Competence for an Inclusive World. París: OCDE, y OCDE (2018). Marco de Competencia Global. Estudio PISA. Preparar a nuestros jóvenes para un mundo inclusivo y sostenible. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.