Diego Juárez Bolaños / Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticas del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.
La Reforma Educativa promulgada en México en el año 2013 tuvo como centro de atención a los maestros. Mediante cambios constitucionales, la Reforma reglamentó el ingreso, promoción y permanencia de docentes, directores y supervisores en la educación básica y media superior que laboran en el sector público. A pesar de que estas nuevas reglamentaciones involucran alrededor de un millón y medio de docentes del país, no es una casualidad que en las normas emitidas (Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y Ley General del Servicio Profesional Docente), no aparezca la palabra “rural”. Parecería que las condiciones de trabajo de los docentes rurales no fuesen distintas a las de los maestros que laboran en espacios urbanos, ignorándose las condiciones particulares en las que trabajan los profesores en el medio rural, quienes en muchas ocasiones, al laborar en escuelas multigrado, deben también asumir las tareas directivas en los centros escolares.
Si bien el Artículo 38 de la Ley General de Educación menciona que “la educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la población rural dispersa y los grupos migratorios”; estudios, como los de Ezpeleta (1997), Ezpeleta y Weiss (2000), Fuenlabrada y Weiss, (2006), Secretaría de Educación Pública (SEP) (2006) y Taboada (2014, muestran que son pobres e insuficientes las acciones que el Estado ha realizado para atender, de forma particular, a la población rural en México.
Las escuelas multigrado son aquellas en las que, por el número reducido de alumnos, el trabajo del docente se desarrolla en el mismo tiempo y espacio con estudiantes de diversos grados académicos. Los problemas que enfrentan el multigrado son estructurales: provienen de la ausencia en las licenciaturas para la preparación docente especializada, cursos de actualización poco pertinentes a las realidades que enfrentan, en la designación de los sitios de trabajo determinados más por relaciones sindicales que por la vocación, habilidades, conocimientos o experiencia docente; sumado a las tareas que como directores deben desarrollar.
Uno de los enfoques para establecer hasta qué punto se cumple con el derecho a la educación es el planteamiento de las cuatro A (4-A) propuesto por la ex Relatora Especial sobre el Derecho a la Educación de las Naciones Unidas, la croata Katarina Tomaševski. En relación a la dimensión de Asequibilidad, esta se cumple de forma parcial en las escuelas rurales mexicanas, donde la cobertura ronda el 99%, pero estas no cuentan con maestros formados para laborar en el medio rural, ni con la infraestructura, mobiliario y equipo suficientes.
En relación a la Accesibilidad, un número importante de estudiantes de tercero a sexto grados cuentan con becas del Programa de Inclusión Social Prospera, lo cual facilita la asistencia escolar. Sin embargo, a pesar de la marginación y pobreza que se viven en las zonas rurales, aún son contadas las escuelas que ofrecen comida caliente a los estudiantes y prácticamente no existe el servicio de transporte escolar gratuito dirigido a los alumnos quienes deben recorrer distancias importantes para acceder a la escuela.
La Adaptabilidad es un criterio débil: la educación no necesariamente considera las características culturales, socioeconómicas y a las capacidades individuales de los estudiantes. En relación a la Aceptabilidad, no existen estudios suficientes que permitan saber si los estudiantes, en general, se sienten a gusto en la escuela. Es un aspecto poco abordado en las investigaciones sociales.
Ello resume la injusticia educativa que están recibiendo los niños de los sectores rurales: escuelas que sintetizan los obstáculos que enfrenta el sistema educativo nacional en contextos rurales complejos. Las ineficiencias del sistema escolar y de las políticas sociales no han permitido romper el círculo de marginación y exclusión social que se vive en los territorios rurales.
*Doctor en Ciencias Sociales en el Área de Estudios Rurales por el Colegio de Michoacán y Posdoctorado en Educación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). diego.juarez@ibero.mx
Referencias
Ezpeleta, J. (1997). Algunos desafíos para la gestión de las escuelas multigrado. Revista Iberoamericana de Educación, (15), 101-120.
Ezpeleta, J. y Weiss, E. (2000). Cambiar la escuela rural. Evaluación cualitativa del Programa para Abatir el Rezago Educativo. México: Instituto Politécnico Nacional.
Fuenlabrada, I. y Weiss, E. (coords.) (2006). Prácticas escolares y docentes en las escuelas primarias multigrado. México: Consejo Nacional de Fomento Educativo/ Serie Política Compensatoria en la educación: evaluación y análisis.
Secretaría de Educación Pública (SEP). (2006). Retos y necesidades en las escuelas multigrado. México: Secretaría de Educación Pública.
Taboada, E. (2014). Diseño del modelo de educación básica comunitaria. Informe final. México: Consejo Nacional de Fomento Educativo.