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Política educativa: retos y prioridades post-covid


El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales en relación con la agenda educativa vigente.

A su vez, el Faro Educativo, del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana, busca generar conocimiento valioso sobre los procesos y resultados de las políticas educativas que abone a la construcción de intervenciones basadas en evidencia, transparentes, equitativas y exigibles, y que permita tender puentes entre la investigación y los diferentes actores del sistema educativo.


María Mercedes Ruiz Muñoz

Arcelia Martínez Bordón

Alejandra Luna Guzmán

Seminario de Política Educativa Faro-ODEJ

Departamento de Educación, Universidad Iberoamericana Ciudad de México




En una primera ronda de discusión, nuestras invitadas e invitado hablaron sobre la agudización de las desigualdades en materia educativa, la preocupante pérdida de aprendizajes curriculares y la falta de acciones sistemáticas por parte de las autoridades educativas, específicamente del ámbito federal, para apoyar a las comunidades escolares y enfrentar las brechas que se abrieron en cuanto a la alfabetización, comprendida en su sentido más amplio: lectoescritura, habilidades matemáticas, competencias digitales, entre otras.


Dado el poco alcance que tuvieron las distintas versiones del programa Aprende en Casa en las regiones con mayor índice de marginación, los especialistas hablaron de un mayor rezago y posible abandono escolar (ver “El rezago será peor: Pobreza y falta de acceso a tecnología obstaculizan aprendizaje en nuevo ciclo”, Animal político, 25 agosto 2020). Y es que, de acuerdo con estimaciones de la Encuesta para la medición del impacto Covid-19 en la educación (ECOVID-ED), del INEGI, para el ciclo escolar 2020-2021 se perdieron 5.2 millones de estudiantes.


A pesar de ello, en el seminario se señaló que las autoridades educativas no han emprendido acciones de política educativa enfocadas a atender los nuevos rezagos y la ampliación de brechas educativas y tecnológicas que hoy enfrenta nuestro desigual sistema educativo, quizá porque se cobijaron en su imaginario de que la estrategia Aprende en Casa alcanzaría una cobertura de 98% (https://www.milenio.com/politica/aprende-casa-ii-cubertura-98-sep). Ante ello, los especialistas invitados plantearon la urgencia de pensar con seriedad en la presencialidad, con acciones prioritarias de carácter compensatorio para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se desafiliaron de la institución escolar.

También se subrayó la ausencia de políticas de evaluación en todos los niveles y ámbitos, así como de diagnósticos de la situación de los estudiantes y las escuelas, lo que hoy sería de gran ayuda, toda vez que el retorno a las escuelas plantea un panorama complejo en materia de organización escolar, que tiene que atender tanto la dimensión pedagógica, como la social, y la emocional.


Algo que debiera hacerse, señalaron, es consignar el compromiso y esfuerzo de muchos docentes para acompañar a sus estudiantes tanto durante como después del confinamiento, de manera que se recuperen sus experiencias y puedan éstas servir de base como estrategias pedagógicas para otros profesores y centros educativos. En el segundo bloque de participaciones, los especialistas comentaron que pese al “desastre educativo” que vivimos hoy, las prioridades de política y del presupuesto no están encaminadas a resolverlo.


Hoy, sin embargo, se vive un silencio de las autoridades educativas y varias decisiones apresuradas, como el rediseño de los libros de texto gratuitos, la propuesta del nuevo marco curricular 2022 y la suspensión del programa Escuelas de Tiempo Completo. De hecho, comentaron, persisten las políticas dirigidas a otorgar más becas independientemente de que las necesidades son apremiantes y cuantiosas en otros ámbitos, dados los efectos adversos que han sido evidenciados por distintas voces, sin dejar de mencionar la falta de datos sobre las repercusiones reales que ha tenido la pandemia en las niñas, niños y jóvenes.


En síntesis, comentaron, la atención de la autoridad parece orientarse a lo que no es prioritario en este momento, con lo que se pierde la oportunidad de construir una verdadera educación de excelencia, tal como lo establece el artículo 3° constitucional.

Desde el Faro y el ODEJ estamos ciertos de que el panorama de la situación educativa post-covid nos obliga a discutir acerca de la necesidad de seguir exigiendo la garantía del cumplimiento del derecho a una educación de calidad, y a mirar hasta dónde las prioridades y presupuestos educativos están encaminadas a ello. Ya vamos a medio camino de esta administración, que hoy, no parece querer atender los problemas estructurales de fondo ni los que plantea la emergencia educativa por razón de la pandemia.


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